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  PROCESO DE PAZ EN EL SALVADOR
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El conflicto interno que vivió El Salvador en la década de los ochentas, e inicios de los noventas, fue producto de la desigualdad social y económica, reflejada en la concentración de la propiedad de la tierra y su tenencia en pocas manos, así como por la falta de espacios democráticos y la represión que los grupos de poder ejercieron a través de sucesivos gobiernos militares que se iniciaron con la dictadura de doce años, del General Maximiliano Hernández Martínez, quien cayó por la huelga de brazos caídos en 1944, pero que fue continuada por distintos gobiernos del mismo corte, que concluyeron con el golpe de estado que la joven oficialidad de las Fuerzas Armadas dio al General Carlos Humberto Romero, en octubre de 1979.

La Proclama de las Fuerzas Armadas señaló las causas antes mencionadas y planteó lineamientos para un programa de emergencia el cual contemplaba, el cese a la violencia, la corrupción y garantizaba la vigencia de los derechos humanos.

La década transcurrida entre 1970 y 1980, cimentó de forma irreversible las bases de una confrontación prolongada y sangrienta, que alcanzaría su plena expresión entre 1980 y 1992. En esa década, los salvadoreños fuimos testigos de los primeros secuestros de empresarios, de masacres, asesinatos y desaparecimientos forzosos ejecutados en el campo y la ciudad.

Al producirse el golpe de la joven oficialidad militar se creó una Junta Revolucionaria de Gobierno, conformada por dos militares de distintas tendencias ideológicas, Coronel Adolfo Majano (centro izquierda) y el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez (derecha), y por tres civiles: Dr. Guillermo Manuel Ungo (miembro de la Internacional Socialista), Ing. Román Mayorga (Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA), y el Ing. Mario Andino (empresario), quienes asumieron el mando con los siguientes objetivos:

Terminar con la violencia y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Formar un gobierno de coalición, con el fin de efectuar una apertura al diálogo y una alianza política de todos los grupos de oposición. Diálogo y participación para facilitar un proceso de integración y democracia.

Sin embargo, el proyecto reformista de la joven oficialidad militar fracasa, dándose el desplazamiento de los civiles a través de la reestructuración de la Junta Revolucionaria, y de militares que apoyaron al Coronel Majano, adquiriendo mayor control el General Gutiérrez.

De esta forma, en enero de 1980 se produce el cambio de los tres civiles quienes fueron sustituidos por miembros del Partido Demócrata Cristiano: Dr. José Antonio Morales Erlich, Dr. Héctor Dada Hirezi y el Dr. Ramón Avalos, renunciando a los pocos días el Dr. Dada Hirezi, y siendo sustituido por el Ingeniero José Napoleón Duarte, quien regresó al país, luego de vivir varios años en Venezuela, en calidad de exiliado y que posteriormente fue electo Presidente de la Junta.

Luego del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se intensificó la violencia en El Salvador. Con la intención de detener la escalada de terror y dado que la crisis política social continuaba, la Junta Revolucionaria realizó cambios drásticos dentro del sector socio económico del país:

• Una reforma agraria, con expulsión de los propietarios de más de 500 hectáreas.
• La nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la compañía del café, que regulaba el principal producto generador de divisas.

En ese mismo año, cinco grupos insurgentes: Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, Partido Comunista de El Salvador, se aliaron para conformar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN.

En enero de 1981, el FMLN lanzó lo que llamó la ofensiva final, considerando posteriormente el diálogo, como una opción, para lo cual planteó una agenda así como mecanismos y objetivos a alcanzar en una negociación, la cual fue presentada por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de octubre. La propuesta fue rechazada de inmediato ya que se consideró inconstitucional, por incluir la integración de los mandos y tropa proveniente del FMLN.

En ese mismo año, el día 30 de septiembre se fundó el partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, de tendencia derechista que participó en las primeras elecciones libres que se dieron en la historia reciente de El Salvador, realizadas el día 20 de marzo de 1982, para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente, la que quedó conformada sin mayoría determinante de ninguno de los 5 partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Los integrantes de esa Asamblea Constituyente eligieron como Presidente Provisional al abogado y economista, doctor Alvaro Magaña. Asimismo, aprobaron por unanimidad la nueva Constitución de la República.

En septiembre el Presidente Provisional anunció la creación de una Comisión que consideraría negociar con el FMLN, para lo cual formuló un llamado a éstos. En el año de 1983 el Frente solicitó tener una reunión de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, manifestando que los consideraban como "parte involucrada en el conflicto, y no como mediador". Como consecuencia de ello, por primera vez desde el inicio del conflicto se efectuó una reunión entre representantes del Gobierno y del FMLN, así como de este grupo con Richard Stone, Enviado Especial para Centroamérica del Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, bajo los auspicios del Presidente de Colombia, Belisario Betancur. Sin embargo, el Presidente Provisional Alvaro Magaña suspendió el diálogo con el FMLN.

En el mes de marzo de 1984 el pueblo salvadoreño acudió nuevamente a las urnas y eligió como Presidente de la República al Ingeniero José Napoleón Duarte. El 8 de octubre, el Primer Mandatario hizo una “Oferta de Paz” en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para lo cual ofreció una amnistía general para los delitos políticos; la eliminación de los métodos represivos; la seguridad de un espacio político dentro del esquema democrático pluralista y constitucional.

Parte de la oferta del Presidente Duarte fue la reunión en La Palma, Departamento de Chalatenango, el día 15 de octubre, con el objeto de discutir los alcances de esa propuesta. Dicha reunión que despertó grandes expectativas, concluyó sin más resultados que el de nombrar una Comisión Mixta que estudiaría los mecanismos que condujeran a obtener la paz.

La segunda reunión se efectuó en noviembre de 1984, en Ayagualo, departamento de La Libertad. En dicha reunión se trataron aspectos de la humanización del conflicto, así como la reorganización de la Fuerza Armada, a partir de las dos fuerzas militares existentes (Fuerza Armada de El Salvador y FMLN), lográndose únicamente aprobar las normas de procedimiento de la Comisión Especial.

Dado que el proceso se estancó en el año de 1985, tanto sectores nacionales como internacionales hicieron peticiones para que el dialogo se reanudara. Es en este año, que sectores civiles empiezan a través de manifestaciones pacíficas a demandar que se de una negociación del conflicto.

Producto de los Acuerdos de Esquipulas en los cuales los Presidentes de Centroamérica se comprometieron a impulsar procesos de reconciliación en sus países, el Presidente Duarte programó una tercera reunión de dialogo para septiembre de 1986. Sin embargo, esta se da casi un año después en octubre de 1987, en la sede de la Nunciatura Apostólica en San Salvador, sin que se llegase a ningún acuerdo.

El fracaso de los diálogos en la administración Duarte se debió en parte a la polarización de la sociedad salvadoreña y a sectores que se opusieron firmemente al diálogo. Sin embargo, posteriormente esta postura varió al tomarse conciencia que el diálogo era la única alternativa para alcanzar la paz.

En ese mismo mes de octubre de 1987 se produjeron dos acontecimientos políticos importantes, el primero de ellos fue el retorno al país de los doctores Guillermo Manuel Ungo y Rubén Zamora, quienes se incorporaron a la actividad política, constituyendo la coalición de izquierda llamada Convergencia Democrática, con lo cual El Salvador contó con un partido de izquierda participando de la actividad política nacional. El segundo acontecimiento fue la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de una amnistía amplia por delitos o conexos con éstos.

En marzo de 1989 se efectuaron elecciones presidenciales ganando por mayoría absoluta el Licenciado Alfredo Cristiani Burkard, del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Al asumir en junio de 1989 la Presidencia de la República, Cristiani en su discurso inaugural de gestión prometió trabajar desde el primer día de su Gobierno en la búsqueda de la paz, cuidando de no vulnerar de ninguna manera el marco constitucional

El compromiso efectuado por el Presidente Cristiani generó grandes expectativas por alcanzar la paz, ya que es precisamente en esa etapa del conflicto que ocurrieron cambios en el mundo que hicieron predecir un nuevo rumbo en la problemática salvadoreña. Asimismo, el equilibrio militar alcanzado por el Gobierno y el FMLN hacía ver claramente que existía una imposibilidad de solución militar.

Congruente con dicho compromiso, el Presidente Cristiani creó la Comisión de Diálogo para realizar negociaciones de paz con el FMLN, reuniéndose ambas partes por primera vez, del 13 al 15 de ese mismo mes en la ciudad de México.

Como resultado de esa reunión a la cual asistieron dos representantes de la iglesia católica en calidad de testigos, surgió el documento "Acuerdos de México", en el cual se definió el marco conceptual de las negociaciones y se establecieron las reglas de procedimiento de las mismas. El objeto de la negociación aceptado por ambas partes fue el de "terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país y reunificar a la sociedad salvadoreña".

La segunda reunión tuvo lugar del 16 al 18 de octubre de 1989 en la ciudad de San José, Costa Rica, dando origen al "Acuerdo de San José", en el que se estableció la necesidad de lograr acuerdos sobre las condiciones que permitieran que en una primera etapa se lograra concertar un cese del enfrentamiento militar y todo acto que irrespetara los derechos de la población civil, y que condujera a concertar el cese definitivo de las hostilidades dentro de un calendario acordado.

A esta reunión asistieron como invitados en calidad de testigos un representante de la ONU y uno de la OEA, así como los dos representantes de la iglesia católica. A la vez, en dicha reunión la comisión gubernamental de dialogo presentó al FMLN el documento: "Proposición del Gobierno de la República para lograr la paz, consolidar la democracia y reunificar a la sociedad salvadoreña", el cual basado en los acuerdos de Esquipulas II y especialmente en los de Tela, Honduras, proponía entre otros, el cese inmediato de las hostilidades, el compromiso del Gobierno de proteger la vida y la integridad física de los miembros del FMLN, así como la integración de los mismos a la vida pacífica y democrática del país.

A la vez, ofrecía facilitar la constitución del FMLN como partido político en igualdad de condiciones con los demás partidos existentes en El Salvador. Y como garantía global solicitar de inmediato a Su Santidad Juan Pablo II, al Secretario General de la ONU y al Secretario General de la OEA, para que en la forma en que lo estimaran conveniente, hicieran el honor al país de constituirse en garantes de los compromisos antes signados, así como del desarrollo de todos los acuerdos que surgieran del proceso de reconciliación de la sociedad salvadoreña.

En noviembre de 1989, el FMLN lanzó la mayor de sus ofensivas. A pesar de esto la delegación gubernamental asistió al tercer encuentro previsto para los días 20 y 21 de ese mismo mes, en la ciudad de Caracas, Venezuela, sin que se presentaran los representantes del FMLN.

Dado que la participación de las Naciones Unidas en un conflicto interno se debe a la solicitud del gobierno del Estado miembro, fundamentada frecuentemente en los Mandatos de Paz y Seguridad, Desarrollo Económico y Social, y Defensa de los Derechos Humanos contemplados en la Carta de la ONU, el Presidente Alfredo Cristiani tomando como base esto, así como el espíritu de los Acuerdos de Esquipulas y en especial la Declaración de San Isidro de Coronado, Costa Rica, solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas, Doctor Javier Pérez de Cuellar, interponer sus buenos oficios para facilitar la negociación con el FMLN, mediación que fue aceptada.

En aplicación de la Resolución 637 por la cual el Consejo de Seguridad brindó su pleno apoyo al Secretario General, a fin de que continuara su misión de buenos oficios en consulta con éste, para asistir a los gobiernos centroamericanos en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de Guatemala, Pérez de Cuellar a través de la “Declaración o Acuerdo de Ginebra" del 4 de abril de 1990, aceptó interponer sus buenos oficios señalando que llevaría a cabo ese esfuerzo, a pedido del Gobierno y del FMLN, y porque recibió seguridades de ambas partes de que existía un propósito serio, de buena fe, de buscar dicho fin por la vía de la negociación.

 

El propósito del proceso sería el de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Agregó que el objetivo inicial sería el de lograr acuerdos políticos para la concertación de un cese del enfrentamiento armado y de todo acto que irrespetara los derechos de la población civil, lo que debería ser verificado por las Naciones Unidas sujeto a la aprobación del Consejo de Seguridad.

Indicó que logrado lo anterior, el proceso debería conducir al establecimiento de las garantías y las condiciones necesarias para la reincorporación de los integrantes del FMLN dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, institucional y política del país. De esa forma, Naciones Unidas se involucró en el conflicto salvadoreño en calidad de mediador y de verificador de los Acuerdos resultantes.

Pérez de Cuellar nombró como su representante personal en el proceso de pacificación al Doctor Alvaro de Soto, con quien ambas partes convinieron en celebrar una reunión en la ciudad de Caracas, Venezuela, del 16 al 21 de mayo de 1990. En esa reunión se logró el "Acuerdo de Caracas", contentivo de la Agenda General y el Calendario del Proceso Completo de Negociación, reiterándose los objetivos de la Declaración de Ginebra.

En el mes de junio por invitación que hiciera el Presidente Cristiani a los partidos políticos legalmente inscritos en el país, se formó la Comisión Interpartidaria que se comprometió a impulsar y hacer suyos, todos aquellos acuerdos que adoptados por consenso emanaran de dicha Comisión.

Pese a que la Comisión elaboró reformas al Código Electoral, la reforma más importante la lograron al aumentar el número de Diputados a la Asamblea Legislativa, de 60 a 84, lo cual favoreció a los partidos políticos minoritarios con lo que se mostró a la comunidad internacional los avances en materia de consolidación democrática. A la vez, se formó la comisión ínter gremial conformada por representantes de los sectores laboral, empresarial y gubernamental, con el objeto de buscar soluciones conjuntas a los diversos problemas que se planteaban.

En junio de 1990 se firmó en San José, Costa Rica, el Acuerdo sobre el Respeto y Garantía de los Derechos Humanos, el cual definió el primer mandato específico de las Naciones Unidas que hizo posible la creación de la Misión de Verificación en Materia de Derechos Humanos

Es a partir de la experiencia de esa Misión de Verificación en El Salvador, que Naciones Unidas ha incluido en las operaciones de mantenimiento de la paz y otras operaciones políticas, un componente de derechos humanos.

En San José se celebraron dos reuniones más, una del 16 al 23 de agosto y la otra del 12 al 19 de septiembre. Ante el impase que se dio al no obtener avances en la negociación, Cristiani visitó la sede de las Naciones Unidas en octubre, con la finalidad de reiterar su voluntad de paz.

A mediados de dicho mes, ambas partes se comprometieron con el Secretario General a potenciar el proceso a través de un mecanismo de consultas y reuniones privadas, las que tuvieron lugar en diciembre de 1990, enero y febrero de 1991, preparatorias de la reunión del 4 al 27 de abril en México, de la que emanara la Declaración de México, la cual es contentiva de reformas constitucionales sobre Fuerza Armada, Sistema Judicial y Derechos Humanos, Sistema Electoral, que fueron aprobadas por la legislatura que concluyó su mandato en abril de ese año, y que posteriormente fueron ratificadas por la legislatura 90-94.

En dicha reunión se creo además la Comisión de la Verdad integrada por tres personalidades designadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, y quienes tuvieron a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980.

Es importante destacar que estas reformas constitucionales se lograron gracias a la voluntad políticas de las partes y a la mediación de las Naciones Unidas, ya que sin esta, difícilmente se habrían obtenido dichas reformas, principalmente la referida al nuevo rol de las Fuerzas Armadas y su subordinación al poder civil, que fue la negociación más ardua.

En cumplimiento al Acuerdo sobre el Respeto y Garantía de los Derechos Humanos firmado en San José, Costa Rica y a la resolución del 20 de mayo de 1991, adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 27 de julio de 1991, se instaló en El Salvador la Misión de Observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONUSAL), con mandatos que fueron prorrogados por el Consejo de Seguridad y cuya función fue la de verificar la observancia de los Derechos Humanos.

Luego de realizarse dos reuniones en México en junio y julio de 1991 y al advertirse que se estaba perdiendo la dinámica del proceso, arriesgándose no solo la confianza entre ambas partes, sino la depositada por la comunidad nacional e internacional, se vio la necesidad de que el Secretario General de las Naciones Unidas se involucrara personalmente en el proceso de negociación.

Es así que en agosto del mismo año, el Secretario General Pérez de Cuellar invita para el mes de septiembre al Presidente Alfredo Cristiani y al FMLN a reunirse con él, en forma separada. Cristiani llega a Nueva York el 16 de septiembre con el objeto de superar los obstáculos surgidos y lograr impulsar el proceso de pacificación. Producto de dicha visita, el 25 de septiembre se firma el Acuerdo de Nueva York que definió los puntos a discutir para llegar al cese definitivo del enfrentamiento armado y que estableció la creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), cuya misión fue la de supervisar el acatamiento de todos los acuerdos políticos alcanzados por las partes.

Finalmente, el día 31 de diciembre de ese mismo año el Gobierno de El Salvador y el FMLN suscribieron el Acta de Nueva York por el que se acordó la suscripción de los Acuerdos de Paz y convinieron asimismo, poner fin definitivo al enfrentamiento armado, a partir del 1 de febrero de 1992. La firma de los Acuerdos se realizó el día 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, Distrito Federal.

Los Acuerdos de Chapultepec representaron el término real del conflicto armado en El Salvador y por consiguiente constituyeron fundamentalmente acuerdos de carácter político entre el Gobierno y el FMLN. Estos constan de un preámbulo, nueve capítulos y una declaración final.

Capitulo I. Fuerza Armada
Dicta los principios doctrinarios que deberían regirla, su sistema educativo, el proceso de reorganización, las regulaciones que marcarían la reducción del personal, material, equipo, instalaciones y estructuras.

Capitulo II. Policía Nacional Civil
Se refiere a la creación de ésta, a su doctrina, líneas principales organizativas, su estructura, su función territorial y se establecieron los perfiles que deberían poseer los candidatos a formar parte de ese cuerpo de seguridad pública.

Capitulo III. Sistema Judicial
Establece la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura de los órganos del Estado, así como la creación de la escuela de capacitación judicial, y de la Procuraduría Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos.

Capitulo IV. Sistema Electoral
Acuerda que la comisión nacional para la consolidación de la paz, COPAZ, integrada por dos representantes de cada uno de los partidos políticos, así como por dos representantes del Gobierno y dos del FMLN, estudiarían las reformas al código electoral, que posteriormente deberían ser aprobadas al seno de la Asamblea Legislativa.

Capitulo V. Tema Económico y Social
Comprende en el preámbulo un enfoque sobre el problema agrario, en cuanto a tierras que excedían 245 hectáreas, las tierras propiedad del estado que no eran reservas forestales, sobre tierras en zonas conflictivas y tierras ocupadas. Se abordaron aspectos sobre el crédito para el sector agropecuario, para la micro y pequeña empresa, medidas para la protección al consumidor y la privatización.

Capitulo VI. Participación Política del FMLN
Señala que se adoptarían medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para garantizar a los ex combatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en orden a su reincorporación, dentro de un marco de plena legalidad a la vida civil, política e institucional del país.

Capitulo VII. Cese del Enfrentamiento Armado,
Afirma que este sería un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada, que debería aplicarse en todo el territorio nacional de El Salvador, iniciándose bajo la supervisión de las Naciones Unidas el día 1 de febrero de 1992.

Capitulo VIII. Verificación de las Naciones Unidas, y el Capitulo IX, Calendario de Ejecución, se refieren a la facultad de las Naciones Unidas de verificar el cumplimiento del Acuerdos de Paz.

La firma de los Acuerdos de Paz marcó el comienzo del largo proceso de transición entre la guerra y la paz. Este proceso de transición en un primer momento se centró en la implementación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y posteriormente en la consolidación de las nuevas instituciones y sistemas políticos/sociales planteados en los Acuerdos. Existieron múltiples factores y condiciones que hicieron posible la concertación necesaria para lograr acuerdos definitivos entre el FMLN y el Gobierno de El Salvador y la subsecuente ejecución de los mismos, factores tanto nacionales, como internacionales.

Posterior a la firma de los Acuerdos, la labor de la ONU se centró en la verificación del cumplimiento de éstos y en la creación o fortalecimiento de todas las instituciones democráticas. A la vez supervisó, la realización de programas de reinserción a la vida civil y productiva de los ex combatientes; el establecimiento del Fondo de Lisiados; asentamientos humanos; indemnizaciones a personal desmovilizado; investigaciones de casos de derechos humanos y supervisión del proceso electoral de 1994, considerado por la ONU como el punto culminante del proceso de paz. Por primera vez, la ONU establecía una misión con tres componentes: División de Derechos Humanos y Divisiones Militar y de Policía.

La función de verificación de las Naciones Unidas cesó el 20 de diciembre del año 2002, lo cual fue informado por el Secretario General Kofi Annan, a la Asamblea General.

Algunas de las lecciones más importantes que presenta el proceso salvadoreño es la forma en que ONUSAL enfrentó una serie de desafíos, como lo fueron, la verificación del cumplimiento de 179 compromisos que tuvo que asumir el Gobierno salvadoreño, y dos, por el FMLN que fueron su desmovilización y destrucción de armas.

Para las Naciones Unidas, el resultado obtenido en El Salvador ha sido tan positivo, en comparación con otras intervenciones suyas que se ha convertido en un ejemplo. Es así que la ONU puede aportar su experiencia en la organización y supervisión de un cese al fuego y en el proceso de desmovilización y subsiguiente reinserción económica y social de grupos subversivos en cualquier caso de conflicto interno que presente un país miembro de la comunidad internacional.

El estudio, análisis, y enseñanza del proceso de negociación y resolución, del conflicto salvadoreño, fomenta un entendimiento de los diversos mecanismos y condiciones que posibilitan la resolución pacífica de conflictos y nos da las pautas para seguir en el proceso de construcción de una nueva sociedad basada en los valores de participación, tolerancia, y respecto irrestricto de los derechos humanos.

A diecisiete años de haberse firmado los Acuerdos de Paz puede afirmarse que el esfuerzo realizado por los salvadoreños en el camino de la consolidación de la paz ha sido extraordinario, especialmente si se toma en consideración que se realizó en un país en vías de desarrollo, con limitados recursos y necesidades crecientes en todos los órdenes.

El reforzamiento de la democracia, así como las acciones gubernamentales en el campo social, que lleven una ayuda efectiva a la población más necesitada, son condiciones básicas para evitar situaciones como las sucedidas en El Salvador.

   
 

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